miércoles, 25 de febrero de 2015

Bancarización de alquileres a partir del mes de mayo

Bancarización de alquileres a partir del mes de mayo
Con el objetivo de cortar los márgenes de informalidad y de igual modo, controlar los movimientos financieros de los ciudadanos uruguayos, serán tomadas algunas medidas en los próximos meses en relación a este tema.

Desde el 1º de Mayo, los alquileres que se encuentren vigentes, tendrán que estar bancarizados y también los nuevos contratos deberán hacerlo desde el 1º de Junio, para cumplir con lo delimitado por la ley de inclusión financiera.

Esta bancarización de los alquileres sucederá a partir de los contratos superiores a $10.100 por mes, debido a que se trata de arriendos con montos mayores a 40 BPC (bases de prestaciones y contribuciones) anuales, por lo tanto, unos $122.000 al año.

La ley delimita que estos alquileres deben concretarse mediante “cuenta abierta en una institución de intermediación financiera, sean bancos o cooperativas de ahorro y crédito (…) La cuenta bancaria deberá estar identificada en el contrato”.

Según las propias palabras del abogado Adrián Gutiérrez en declaraciones para el Diario El País: "Se trata de una norma que impacta en la mayoría de los contratos de alquileres por el monto que se maneja".

Las normativas expuestas están abarcadas en la ley que entrara en vigencia en mayo del año 2014, implicando que “prácticamente ningún alquiler podrá concretarse en forma directa entre particulares” debido a las consecuencias que tiene hacerlo y que a juicio del abogado son ‘graves’.

El incumplimiento de la ley conlleva

Si el individuo no respeta las nuevas imposiciones, deberá pagar una multa por la “omisión”, equivalente al pago de tres meses de alquiler. Por otra parte, “estarán impedidos luego de iniciar acciones judiciales si el inquilino incumple el contrato, deja de pagar y es necesario desalojarlo”.

En los nuevos contratos en los que se detectara incumplimiento de la ley, esas personas no podrán más adelante contar con la garantía de la Contaduría General de la Nación ni tampoco institución alguna que otorgue garantías de alquileres, como por ejemplo: Anda, Porto Seguros, entre otras.

Omitir el cumplimiento de las disposiciones, inhabilitará que el monto abonado sea computado “a los efectos de los créditos y deducciones admitidos para la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) (…). Desde el año 2011, rige la ley que permite a quienes obtienen rentas del trabajo gravadas por IRPF, imputar como pago del impuesto el 6% del arrendamiento que pagan, luego de presentar una declaración jurada. Si lo incumplen, con esta ley pierden ese derecho”.

Según Adrián Gutiérrez, es un elemento con el que se intenta controlar el acatamiento de los deberes tributarios por parte de los arrendadores y asimismo, ofrecer una información más amplia sobre la capacidad de contribución de los usuarios de la Administración Tributaria.

Adrián Gutiérrez indicó además que las instituciones de “intermediación financiera” mediante las que se abonan los alquileres "se las libera del secreto bancario, por lo cual deben permitir la identificación de los referidos pagos y suministrar a la Dirección General Impositiva, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la información correspondiente a los mismos".

Por otra parte, en cuanto al tema de la informalidad, Eduardo Franchi (Pte. de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores  y Corredores Inmobiliarios) menciona que aunque desconoce cuántos arrendamientos suceden entre particulares, quienes arriendan con garantía particular son la minoría. Para este consultado, el “90% del mercado lo hace a través de instituciones de intermediación financiera o con depósito en el Banco Hipotecario”

Probablemente, (según sus palabras) esta ley traiga algunos problemas en el interior a causa de la informalidad y de los negocios que frecuentemente se dan “boca a boca”. No obstante, la ley “ayudará a formalizar” el mercado de los arrendamientos, ya que la actividad informal complica la operativa normalizada de las transacciones.

“Los honorarios profesionales, pagos a DGI, BPS, pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores, también deberán concretarse por medio de cuenta bancaria antes de mayo de 2016 (dos años después de aprobada la ley de inclusión financiera)”. Los trabajadores rurales y domésticos serán los últimos grupos en incorporarse al nuevo sistema, y a quienes no se les cobrará la apertura de la cuenta bancaria.

1-Si se debe renovar

Si se celebrara un nuevo contrato de arrendamiento, el documento tendrá que tener el número de cuenta en la cual deberá pagarse el alquiler. En caso de pagarse mediante Anda, la Contaduría General de la Nación o mediante inmobiliaria, se seguirá pagando por esa vía en caso de cumplir con determinados requisitos del Poder Ejecutivo.

2-Otra forma de pago

Aquellos arrendadores que accedan otras formas de pago de los alquileres o que no “identifiquen en el contrato la cuenta en la que deberá pagarse” deberán pagar una multa equivalente a tres veces el monto mensual que fuera acordado en el contrato de arrienda. Por el contrario, el inquilino no se verá perjudicado para el presente ejemplo.

3-Consecuencia judicial

Otra consecuencia del no cumplimiento de la ley (por ejemplo, con la bancarización del alquiler) el individuo estará imposibilitado de realizar reclamos judiciales –iniciarlos- en caso de que el inquilino no pague y deba ser desalojarlo. Las acciones judiciales deberán contar con una acreditación que demuestre el cumplimiento de la ley, presentando los recibos de depósito de la cuenta, o el pago de la multa estipulada.

4-Si el alquiler está vigente

Los arrendadores deberán comunicar en estos próximos meses la cuenta en la que se deberá hacer el depósito de los pagos correspondientes, luego del 1º de mayo.

Al entrar en vigencia la norma, hay que destacar la necesidad de conservar el recibo de depósito y obtener la confirmación del banco, de manera que se pueda acreditar el cumplimiento de las nuevas normativas demarcadas por la ley.